El populismo punitivo es un concepto que surge a finales del siglo XX para referirse al uso por parte de los políticos del derecho penal con la intención de obtener beneficios electorales y apoyo social. Este uso, además, se caracteriza por el agravamiento y el incremento de las penas, al sostener que así se reducirán los delitos y mejorará la convivencia. El avance de este tipo de uso político del derecho penal se relaciona con la hegemonía de la racionalidad sistémica neoliberal, en tanto que funciona como complemento de la desregulación económica y la privatización crecientes que se postulan desde este paradigma. Las consecuencias económicas de las políticas neoliberales son el aumento de la pobreza y la desigualdad y dificultad cada vez mayores de acceder a servicios sociales, lo cual genera descontento social. Para gestionar esta pobreza y descontento, los modelos neoliberales recurren a la expansión del aparato penal represivo utilizando el populismo punitivo como arma. 

El populismo punitivo, en este contexto, dada su utilidad para gestionar la insatisfacción y contribuir a los éxitos electorales de quienes lo utilizan, está muy relacionado con los procesos de mediatización del hecho delictivo. Suele desplegarse como un derecho vindicativo, es decir, que apela al derecho de venganza de las víctimas, para justificar el aumento y endurecimiento de las penas. En este proceso, el componente mediático adquiere una relevancia especial, ya que las propuestas punitivistas suelen articularse a partir de casos de crímenes muy mediáticos que generan una gran indignación social, propiciándose así la aceptación del aumento y endurecimiento de las penas por parte del mayor porcentaje de la población posible. Igualmente, el populismo punitivo se vincula a una teoría retributiva de la pena, en la que lo importante es reparar el dolor de las víctimas por medio del castigo del victimario, lo cual convierte la exaltación y el sobredimensionamiento de sus opiniones en un elemento central del fenómeno.

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